Es sabido que una de las causas de la caída del imperio Romano se debió al pésimo manejo de las finanzas públicas que sus gobernantes llevaron a cabo. Los problemas económicos se acentuaron en el siglo III D.C, cuando el emperador Diocleciano emitió su famoso y fatídico “edicto sobre precios máximos”, con el cual pretendía regular el precio máximo a cobrar sobre miles de bienes y servicios que se ofrecían a lo largo y ancho del imperio. No debe sorprender a todo aquel que tenga bases en la ciencia económica que tal intento haya resultado en rotundo fracaso. La moneda del imperio se encontraba devaluada por la emisión indiscriminada que los sucesivos cesares habían realizado con tal de sobrellevar el peso económico de las constantes incursiones bélicas del ejército, el tremendo gasto en pomposas obras de infraestructura cuya necesidad era en el mejor de los casos, discutible, destinándose a acentuar la majestuosidad del Cesar y/o de las distintas autoridades políticas del momento. Y por último por una burocracia pública desbocada al constante crecimiento.
El pueblo romano viéndose sometido a una creciente hiperinflación, debió padecer también la consecuente escases de bienes básicos como el trigo, pues el precio establecido por las autoridades no compensaba el desajuste por la inflación y su venta no dejaba rentabilidad alguna para los productores, quienes decidieron de plano no producir más el producto, o acaparar para sí el que tuvieran disponible y venderlo de manera clandestina a un precio superior para así tener algo de rentabilidad. (Valga decir que tanto el dejar de producir como el acaparar se castigaba con la muerte). Todo esto solo logró resultados nefastos: se incentivó un mercado negro de toda clase de bienes, lo cual encarecía aún más el precio de los mismos, y por lo cual solo las clases más acomodadas tenían acceso a la mayoría de bienes, además de que tanto productores como consumidores se exponían a la muerte si eran encontrados comerciando a precios distintos a los del edicto, y esto no hizo más que provocar un enorme baño de sangre por cosas tan insignificantes como pagar de más por cualquier producto. Además de las disputas entre individuos por querer adquirir un producto muy escaso.
Mientras el imperio no tenía reparos en castigar a todo aquel que no respetase los precios establecidos, nunca tuvo el menor interés en disminuir su propio gasto público descomunal, ni tampoco dejó nunca de emitir dinero de manera desordenada, puesto que existían distintas monedas en denominaciones muy desiguales entre si y acuñadas con metales de escaso valor como el cobre, pero que se pretendía valorar igual que las de oro o plata. Estas situaciones fueron el germen para el enorme problema inflacionario del imperio. Estos desajustes económicos fueron la punta de lanza que le llevo a Roma a su caída y a partir de allí comenzó su desintegración en una serie de naciones distintas hasta llegar a las que actualmente ocupan lo que fueron sus territorios.
Si esta historia resulta sorprendente, o al menos llamativa, podría serlo aún más el hecho de que 17 siglos después de que se dieron estos acontecimientos de los que se tienen registros y estudios a más no poder, siguen escuchándose voces que pretenden “proteger a la gente” o “acabar con la especulación” mediante mecanismos de control de precios. Si una sociedad cae en desgracia, ya sea por enfermedad o por desastre natural, lo peor que puede hacer es establecer topes de precios para los artículos de primera necesidad. Y si a esto le añadimos un escenario de hiperinflación como ocurrió en la antigua Roma, y como ocurre hoy en día en Venezuela, por ejemplo, tenemos la receta perfecta para una debacle ya no solo económica, sino demográfica y social de enorme alcance.
No es de extrañar que ante la situación actual con el COVID-19, algunos “amigos del pueblo” en los diferentes países de nuestra América Latina, se manifiesten con la clara intención de “congelar” el precio de productos básicos como el alcohol en gel, las mascarillas, el papel higiénico y otros por el estilo. Como si la propia enfermedad no fuera suficiente, vienen algunos a querer empeorar las cosas con propuestas que solo generan escases, haciendo que la oferta no sea capaz de suplir la demanda, interfiriendo con esa señal que representa el sistema de precios en el libre mercado, los cuales le indican al productor hacia donde debe destinar sus recursos, y que bienes son los que requieren mayor inversión para satisfacer las necesidades de los consumidores. Si el productor no tiene incentivos para generar sus bienes y servicios, entonces tarde o temprano dejará de hacerlo, y es aquí donde se da el problema.
¿Qué el precio de estos bienes ha subido?, pues claro, puesto que la demanda es mucho mayor por la coyuntura actual, y además, ¿qué es mejor: pagar caro el alcohol en gel (puesto que por su salud y la de su familia usted está dispuesto a hacerlo), o de plano no poder encontrarlo ni siquiera a un precio alto?…¿Cómo podemos hacerle ver a los estatistas que el empresario no puede subir precios a su antojo?…Pero además, a este caldo socialista le falta otro ingrediente: los monopolios. En Costa Rica la FANAL tiene el monopolio sobre el alcohol y sus derivados, ante la demanda actual del alcohol en gel, FANAL no ha sido capaz de atender la demanda, no dan abasto, lo cual solo genera más escases y fomenta los mercados negros de este producto. Y aun así salen algunos a defender a este monstruo estatal inoperante y que representa una piedra en el zapato para combatir la epidemia.
Cada vez que el Estado, o quien tenga el poder de imperio, mete la cuchara en las cuestiones económicas, lo único que logra es empeorar las cosas. Hay un dicho que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Pues bien, toda buena intención antes de ser ejecutada debe ser sometida al escrutinio racional, la economía no se rige por sentimientos, se rige por teoremas y normas matemáticas verificables, las cuales en su correcta aplicación derivan hacia un camino invariable: el liberalismo. Tal como bien lo decía Ludwig Von Mises. Ojalá que al menos en Costa Rica no logren su objetivo los Dioclecianos modernos.
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