Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para el 2017, la región más pobre del país es el Pacífico Central con cerca del 30% que duplica la Región Central del país, y fue la única en donde aumentó la desigualdad. En este sentido, pasamos de tener un 23,9% en el 2011 a un 29,9% actualmente.
De los temas que más preocupan es el desempleo, que para el I Trimestre del 2018 llegó al 14%, siendo también, la región con mayor desempleo del país. Es necesario resaltar que el ingreso total del hogar, el ingreso por trabajo y el ingreso por salario en el Pacífico Central es el menor de todas las regiones del país.
El futuro de la región es preocupante si vemos que para el 2017 el 62% de la población con edad entre 18 y 24 años no asiste a la educación formal. La escolaridad promedio entre el periodo 2013 y 2017 bajó de 8,14 a 7,91. También disminuyó la tasa de ocupados por hogar en dicho periodo.
Existen hoy en día más de 12 mil personas que viven en una vivienda en situación de precario. Tenemos 12 mil personas sin seguro de salud y casi 4 mil sin acceso al servicio del agua. Además, existen 1.500 adultos mayores sin una pensión.
Por otro lado, existe un abandono en la inversión que realizan las universidades estatales, las cuales han concentrado incluso más del 90% de sus presupuestos en las sedes centrales en la GAM.
Es preocupante el nivel de concentración de los presupuestos de las universidades estatales en la Región Central del país. La UCR concentra cerca del 90% en la Sede Rodrigo Facio, la UNA dejó en su Sede Central en Heredia el 94% de su presupuesto en el 2017, y el TEC destinó cerca del 85% a su sede central en Cartago.
Podemos analizar la distribución hacia la Sede del Pacífico de la UCR, para el año 2013 dicha sede recibió el 0,81% mientras que en el 2015 recibió el 1% del total de su presupuesto. Y es que, según el Quinto y Sexto Informe del Estado de la Educación, nos indica que el Pacífico Central es la región que menos sedes de universidades públicas y privadas tiene.
Como diputada le he solicitado al presidente de la República, una declaratoria de emergencia para la Ciudad de Puntarenas, con lo cual permitiría priorizar los recursos de las diferentes instituciones públicas para que sean destinados para poder enfrentar la crisis social y económica que vivimos desde hace años.
La respuesta ha sido que no es necesaria una declaratoria de emergencia para Puntarenas, a pesar de todos los datos expresados anteriormente que nos dan claras señales de alerta en todos los ámbitos, desde lo social, lo económico, la seguridad, y lo educativo.
Mi preocupación y la de muchos ciudadanos, es que no se observa en el horizonte de las políticas públicas del gobierno, propuestas concretas de mediano o largo plazo que promuevan el desarrollo de Puntarenas, y la saquen de ese olvido en el que nos han tenido durante décadas.
Los puntarenenses merecen que el gobierno impulse no solo inversión pública, sino que promueva proyectos de inversión privada que generen importantes fuentes de empleos y oportunidades de desarrollo en Puntarenas.
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