Como ha sido costumbre en la Administración de Carlos Alvarado Quesada, en temas que se le cuestionen su actuar deciden esconderse o no dar la cara, utilizar la estrategia del avestruz que ocultar la cabeza y hacer que no oyen ni ven nada.
Esa estrategia solo demuestra que actúan mal, ya sea por incompetencia o porque se encubre un acto de corrupción. Y se valen de la impunidad en este país, donde algunos que están en el poder se creen intocables, se creen estar por encima de las leyes, y que nunca deberán rendir cuentas ante la justicia costarricense.
El Consejo Regional de Desarrollo (COREDES) de la Región del Pacífico Central, tomó un acuerdo y mediante el oficio COREDES PC-12-2021 con fecha 02 de noviembre del 2021, le solicitó al ministro de Agricultura y Ganadería lo siguiente: “ACUERDO 4. Solicitarle al señor ministro de Agricultura y Ganadería Luis Renato Alvarado Rivera, no se publique el decreto denominado “Reglamento para la asignación de la capacidad de pesca reconocida al Estado de Costa Rica en la Comisión Interamericana del Atún Tropical para su utilización por buques atuneros de cerco” hasta que no sea analizado con los criterios técnicos respectivos en la instancia del COREDES PC. Acuerdo en firme.”
Como parte de ello, el COREDES me brindó espacio en la sesión de este miércoles 24 de noviembre, con el fin de exponer una propuesta de una política pública que podría generar miles de empleos en la Región del Pacífico Central. La misma consiste en utilizar la capacidad de acarreo de atún para barcos de cerco a la que tiene derecho Costa Rica en el marco de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), como política de atracción de inversiones y asignarla a inversionistas que propongan invertir en plantas procesadoras de atún en Costa Rica.
Esto podría generar con la cuota actual, cerca de 3.000 empleos directos con dos plantas atuneras, y en el futuro hasta 4.500 empleos directos con una tercera planta atunera, cuando a Costa Rica se le aprueben los 7.058 mts3 que solicitó y no ha sido aprobado, porque los países cuestionan que la cuota de Costa Rica la terminan aprovechando otros países y no para desarrollar su propia industria atunera. Esto se debe a que, en los últimos 20 años, ni una sola tonelada del atún capturado con la cuota atunera de Costa Rica, se ha descargado en el país, y se termina descargando en otros países donde se generan esos miles de empleos con el atún capturado con la cuota de Costa Rica.
Se le extendió invitación al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al INCOPESCA, para que enviaran un representante para dar su versión o exponer su posición al respecto. Como ha sucedido en los últimos 3 años en la Administración de Carlos Alvarado Quesada, no enviaron a ningún representante de dichas instituciones, no solo porque no tienen argumentos, sino porque en Casa Presidencial hay intereses que obstaculizan que Puntarenas pueda generar empleos con más plantas atuneras.
Esto es muy claro, cuando realizo una propuesta de redacción de dicho decreto y el Gobierno la rechaza con argumentos falsos, que podrían ser un delito de prevaricato. Por ello, solicité en Casa Presidencial una audiencia con la Procuraduría General de la República para que, de forma transparente, dicha entidad pudiera decirle al Gobierno que su argumento es falso y que mi propuesta es legalmente viable. El Gobierno aduce, que no está obligado a consultar a la Procuraduría General de la República, y lo hacen para no pasar la vergüenza de demostrarles que actúan mal y que, además, han mentido con argumentos falsos, que no tienen ningún sustento jurídico.
O cuando en el primer borrador del decreto incluyen un artículo 27 para asignar la cuota de forma automática a algunas embarcaciones que tenían cuota vigente, lo cual es muy cuestionable, no solo es un acto poco transparente, sino que demuestra la intención de querer beneficiar a unas pocas empresas en particular.
La Administración de Carlos Alvarado Quesada les falta el respeto a los miembros del COREDES de la Región del Pacífico Central, sino también al Concejo Municipal de Puntarenas que tomó el acuerdo de pedirle al Gobierno que utilice dicho decreto para atraer más plantas atuneras que generen empleos en Puntarenas. De la misma manera, le falta el respeto a todos los que participaron en la Mesa de Diálogo Territorial en la Región del Pacífico Central en donde se discutió el tema y se acordó lo mismo.
Entonces, ¿por qué el Gobierno actúa en contra de los intereses de generar empleos en Puntarenas y en contra del interés nacional? ¿Qué intereses familiares o particulares hay en Casa Presidencial, que han obstaculizado durante 3 años que otra empresa atunera participe por la cuota atunera para poder realizar una inversión que va a generar 1.500 empleos en Puntarenas?
Desde junio del 2019 se le presentó una propuesta para construir una nueva planta procesadora de atún que generaría 1.500 empleos directos en Puntarenas. Incluso, se podrían construir 2 plantas, para un total de 3.000 empleos directos. Como requisito para realizar la inversión, se le solicitó al Gobierno de Carlos Alvarado Quesada la asignación de una parte de esa cuota atunera que en este momento se encuentra sin utilizar.
El Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, ha ignorado también dentro de esa propuesta, la construcción de un muelle astillero para la reparación y mantenimiento de embarcaciones. El cual, representa una oportunidad para generar más empleos en Puntarenas.
El Gobierno de Carlos Alvarado Quesada toma decisiones no para el beneficio de los costarricenses ni para el interés nacional, las decisiones son con cálculos para beneficiar a unos amigos cercanos y proteger sus negocios.
No le ha importado las necesidades de los puntarenenses, ni le importa generar empleos con más plantas atuneras. Lo que, si le importa, es asignar la cuota atunera a ciertas empresas que se llevan el atún a otros países y no dejan ningún beneficio para Puntarenas.
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