El coronavirus COVID-19 ha golpeado la economía a nivel mundial, tanto en la producción como en la demanda y, por supuesto, Costa Rica no podrá evitar el golpe. Frente a esa dura realidad, urge implementar acciones que mitiguen las repercusiones que esta crisis pueda producir en las empresas, los trabajadores, el sistema financiero y las finanzas públicas, mientras el sistema de salud protege las vidas de las personas y contiene el avance de la pandemia.
Las cifras muestran una contracción del comercio mundial de bienes y servicios, mayor que la reportada en la crisis del 2008, debido a un parón abrupto de la demanda al generarse una menor afluencia turistas, pérdida de confianza de los consumidores, menor demanda de empleos, etc.; así como postergaciones en las inversiones y rupturas en las cadenas globales de valor. Indiscutiblemente, esos efectos harán que las personas gasten menos, lo que repercutirá en menores niveles de producción y empleo.
Países como China, Corea del Sur, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia, España, entre otros, son productores de bienes finales e intermedios para el resto de las economías del mundo en campos como los industriales y tecnológicos; por lo que las cuarentenas y las medidas sanitarias decretadas disparan los costos de producción y disminuyen sensiblemente la productividad.
Son los pequeños y medianos empresarios lo que en primera instancia sufrirán más los efectos de la contracción de la demanda, por múltiples razones: dependen casi enteramente del mercado interno, las condiciones de financiamiento suelen ser más onerosas, la productividad es menor que las empresas de mayor tamaño, son más intensivas en trabajo. No obstante, generan más del 75% del empleo nacional (33% del empleo formal), especialmente de trabajadores con menos cualificación en áreas de menor desarrollo.
Se deben mitigar cuanto antes los efectos de la desaceleración económica a fin de reducir sus impactos; sobre todo cuando aún no se vislumbran tratamientos o vacunas disponibles en el corto plazo para hacerle frente al coronavirus Covid-19.
Ante esas condiciones que enfrenta Costa Rica, las proyecciones económicas deberán ser revisadas a la baja respecto al crecimiento de la producción, los niveles de empleo, el déficit fiscal y de la deuda pública, al igual que sobre la asignación de recursos para el sistema de salud.
Algunos de efectos previsibles en Costa Rica y las propuestas de acciones para paliarlas se presentan seguidamente:
- Un aumento en la tasa de desempleo y subempleo y una merma significativa de los ingresos de las pymes, lo que aunado a que el sector financiero nacional mantiene el 61,8% del crédito en los rubros de Consumo y Vivienda, va a significar un problema importante de morosidad que, si no se maneja con prevención desde ya, puede ser de grandes consecuencias para la estabilidad del sistema financiero.
- Una caída sustancial en el consumo de los hogares, que ha sido el soporte principal del crecimiento del PIB en los dos años anteriores. Por lo que, en un entorno de contracción externa, requiere que las autoridades del Poder Ejecutivo y los rectores del sistema financiero, vuelvan la cara hacia la reactivación del mercado doméstico de manera decidida. Con acciones urgentes y resueltas como:
- Una política agresiva de compras del Estado para la adquisición de bienes de producción nacional, primordialmente;
- Las autoridades del sistema financiero, deben impulsar planes de apoyo a las familias y las pymes, mediante moratorias parciales de pago y disminución de cargas de deudas. Jamás, permitir que los costos de los préstamos aumenten o que las condiciones financieras se endurezcan. Son tiempos para que los entes financieros se sumen al rescate del mercado, en vez de visualizar ganancias.
- El CONASSIF debe revisar con urgencia las ponderaciones de riesgos asociados al cálculo de la suficiencia patrimonial que castiga fuertemente la capacidad de acción de los entes financieros, además de otras “ocurrencias” regulatorias que no son concordantes con nueva Normativa de Basilea y que encarecen el accionar de los bancos, sin aportar a la solidez de estos.
- Debe eliminarse las tasas interés piso, pues impiden que la política monetaria tenga efecto y son cláusulas abusivas que afectan especialmente los créditos de vivienda.
- Las autoridades de la competencia deben actuar con dinamismo y eficiencia, frenando los abusos especulativos que genera toda crisis y evitando que el poder de mercado aplaste a las partes más débiles en las cadenas de valor.
- El Gobierno debe estar preparado para una parada repentina del acceso a recursos financieros, tan necesarios para el refinanciamiento de sus obligaciones. Por eso debe, desde ya, buscar acuerdos con organismo multilaterales asegurando la liquidez necesaria para enfrentar sus obligaciones, a la vez que en el plano internacional Costa Rica debe levantar la voz en busca de métodos de reacomodo de las finanzas globales.
- Se debe hacer una evaluación meticulosa de la regla fiscal para que, en caso de emergencia como este, no se convierta en una camisa de fuerza que impida actuar de manera eficiente y responsable al Gobierno. La vida, salud y economía de los ciudadanos debe estar por encima de toda norma financiera.
- Un deterioro económico brusco debe ser compensado con acciones gubernamentales de apoyo a la población más vulnerable, mientras las condiciones vuelven a la normalidad, así es necesario ubicar recursos frescos para reforzar la red de cuido, comedores escolares, CEN-CINAI, las ayudas del IMAS, entre otros.
Ante un riesgo de naturaleza global, nuestro país cuenta con grandes fortalezas que se derivan de su institucionalidad, lo que resta por descifrar es si esa misma institucionalidad jugaría en contra a la hora de valorar la capacidad de reacción en el plano económico, en vista de una posible burocratización en el abordaje de la solución.
Las autoridades económicas deben ser lo suficientemente proactivas para tratar de detener el contagio del coronavirus a la economía costarricense. Eso implica coordinación entre actores relevantes como el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, MIDEPLAN; MEIC, el CONASSIF, las Superintendencias, los gremios financieros, las cámaras empresariales, ICT, COMEX y otros actores que juegan roles fundamentales en el establecimiento de un plan de Acción País para atender la emergencia con medidas contingentes de cortísimo, corto, y mediano plazo para salvaguardar la estabilidad económica y financiera nacional.
Es aventurado pronosticar en cuál fase estamos de esta crisis económica producto de la pandemia del coronavirus Covid-19, pero los esfuerzos que como sociedad hagamos para reducir los efectos sobre nuestra economía y generar confianza no pueden esperar.
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