Ciudad de Panamá, 13 feb (elmundo.cr) – Los sistemas comunitarios de agua y saneamiento (SCAS) constituyen valiosas formas de organización en torno a la administración del agua y garantizan el acceso al recurso a una buena parte de la población de América Latina y el Caribe, especialmente a aquella que vive en las comunidades rurales y en situación de pobreza.
Los trabajos respecto a esta nueva Ley Modelo de SCAS del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) comenzaron EL 10 de junio del año pasado, con la presentación de la propuesta por parte del Frente Parlamentario contra el Hambre de México, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, en estrecha coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a través de “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”.
En el marco del diálogo político que impulsa el programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, las instituciones involucradas sometieron la propuesta a distintas comisiones del PARLATINO, como las de Servicios Públicos, Salud, Medio Ambiente, Agricultura y Pueblos Indígenas, mismas que determinaron la pertinencia del tema y la conformación de un grupo de trabajo que daría seguimiento parlamentario a dicha propuesta.
8 meses después de iniciado el proceso legislativo, la Junta Directiva del PARLATINO sesionó el día de ayer de forma semi-remota y desde su sede en Panamá para tratar proyectos regionales de carácter social. Los parlamentarios aprobaron 11 Leyes Modelo consideradas prioritarias para la agenda regional ante la pandemia por COVID19, entre ellas, la nueva Ley Modelo de SCAS, siendo que el agua es un recurso crucial en las prácticas para la prevención de enfermedades.
Este ejercicio interinstitucional, fruto de la unión latinoamericana, es, a partir de hoy, una Ley de importancia histórica y un instrumento jurídico de referencia, no solo para la región si no mundialmente, pues otros parlamentos del mundo podrían tomarla como base para sus legislaciones y replicarla. Constituye un punto de partida de alto nivel, tanto para la formulación de normas como para el control y la fiscalización que deben ejercer los parlamentarios en la materia.
La Ley Modelo de SCAS permite reconocer oficialmente los sistemas comunitarios de agua y saneamiento y ayudar a su gestión eficiente por parte de las propias comunidades, estableciendo algunas reglas para su operación; devela la posibilidad de que las comunidades sean responsables del servicio de agua potable local y de garantizar el recurso a sus miembros.
En su planteamiento, la Ley incluye el reconocimiento al derecho de los pueblos y las comunidades indígenas y equiparables sobre las aguas de los territorios que habitan, y fomenta la participación responsable, informada y organizada de la sociedad para garantizar la disponibilidad y calidad del agua, en el presente y para las generaciones futuras.
Además de fortalecer las políticas públicas y los marcos regulatorios de los países de la región para garantizar el acceso al agua y al saneamiento en los territorios más rezagados, la Ley impulsará y promoverá la implementación de acciones para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para la gestión sostenible del agua y los propios SCAS, el mejoramiento de la infraestructura de los sistemas que administran y el intercambio de experiencias en torno a la cultura del agua.
La aprobación de la Ley Modelo de SCAS pone en evidencia el compromiso de todas las instancias involucradas con el impulso a instrumentos normativos relevantes, en una coyuntura tan importante como la que plantea la pandemia, y se demuestra que, hoy más que nunca, son fundamentales las alianzas y la cooperación.
