San José, 18 may (elmundo.cr) –Para la Cámara Costarricense de Generación Distribuida, la propuesta que el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) ha enviado a consulta pública constituye un paso firme y decidido que procura que el país cuente con un reglamento de Generación Distribuida con menos pesos y barreras regulatorias al existente.
William Villalobos, asesor legal de la Cámara aseguró que «estos cambios permitirán una mayor producción de energía solar mediante paneles fotolvoltaicos; lo cual denota, una real congruencia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los acuerdos de la Cumbre de París sobre Cambio Climático (COP21) y el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050».
Por su parte, la propuesta constituye un instrumento regulatorio necesario para el sector; y, resulta armónica con los objetivos de una transición energética: i) Digital, ii) Descentralizada, iii) Descarbonizada; iv) Democratizada.
Villalobos indicó que «la propuesta de Reglamento presenta un cambio significativo. No solo porque elimina las barreras que han limitado todos estos años la producción de energía solar en los hogares de los costarricenses; sino porque incorpora figuras regulatorias de países como Argentina, Colombia y México que han venido potenciando la Generación Distribuida y el Autoconsumo con gran éxito».
«Adicionalmente, en momentos en que la pandemia del COVID-19 ha implicado una disminución de la demanda eléctrica a nivel mundial, el impulso a las energías renovables constituye un catalizador propicio para la reactivación económica de los países, y Costa Rica no es la excepción, Particularmente, celebramos los esfuerzos que está impulsando el Ministerio de Ambiente y Energía como rector sectorial, entendiendo que la transformación y transcición energética no es el futuro, sino que es el presente y llegó para quedarse», agregó Villalobos.
Finalmente, Villalobos comentó que «la industria fotolvotaica en Costa Rica representa una capacidad instalada país a la fecha de 50 Megavatios. Existen en la actualidad poco más de 2,000 instalaciones ya operando en el país con una inversión superior a los $55 millones de dólares».
«Este nuevo reglamento, sin duda dinamizará más al sector energético, lo cual se traduce en beneficios para el consumidor costarricense y en una opción eficaz en pro de la urgente y necesaria reactivación económica», concluyó
