San José, 23 set, (elmundo.cr)- La Procuraduría General de la República (PGR), demostró que existió responsabilidad objetiva de la exsecretaria general del PAC, Margarita Bolaños, en la estafa que realizó la agrupación política al Estado.
Según Randall Aguirre, procurador general, la función de Bolaños, era supervisar las tareas administrativas de la agrupación, sin embargo, todos los contratos cuentan con su firma.
En el segundo párrafo de la simple observación de los contratos se puede notar que la totalidad de estos cuentan con la firma de doña Margarita Bolaños, en su condición de Secretaria General del PAC, quien tiene el deber de velar por las actuaciones de los órganos internos del partido y supervisar las tareas administrativas del mismo, y en esta condición avaló las contrataciones que se dieron en el seno del partido por servicios especiales, este párrafo segundo se refiere a responsabilidad objetiva, no subjetiva, el deber de vigilancia sobre lo que hicieron terceras personas que, yo creo que es claro, si lo dice la sentencia que el PAC incurrió en un terrible falta al deber de vigilancia.
Sin embargo, Aguirre explicó que no se logró acreditar un delito a los miembros del Comité Ejecutivo del PAC, debido a que no existe un acta en la que acordaran usar los contratos para hacer la estafa.
No existe ninguna acta con el cual el Comité Ejecutivo Nacional del PAC hubiera tomado un acuerdo para utilizar, en la forma que se hizo, los contratos de servicios especiales y tampoco hay un acta del comando de campaña en ese sentido, no la hay y no se encontró prueba para acreditarles un delito.
Comparecencia alcalde de Moravia y exdiputados PAC
La comisión legislativa también llamará a cuentas al actual alcalde de Moravia, Roberto Zoch, a la exsecretaria del PAC, Margarita Boñalos, y a los exdiputados de ese partido Francisco Molina, Jeannette Ruíz, Yolanda Acuña, Claudio Monge, Elizabeth Fonseca y Laura Garro.
Zoch, quien actualmente es candidato a alcalde por el partido cantonal Somos Moravia, es uno de los firmantes de los contratos por servicios especiales y ejerció como Coordinador Cantonal de Organización, donde su contrato consignó el monto de ¢2.400.000.
Mientras que, los exdiputados Ruíz, Acuña y Monge también suscribieron contratos que fueron pagados con certificados de sesión serie B por entre los ¢1.800.000 y ¢2.400.000.
Actualmente, los firmantes de los contratos por servicios especiales de 2010 en el PAC se encuentran en etapa de investigación.
