San José, 09 mar (elmundo.cr) – La diputada del Partido Acción Ciudadana, Catalina Montero, aseguró que “ha quedado claro que el argumento, del recorte presupuestario esgrimido por la señora Defensora, carece de sustento, la partida que incluía la transferencia a la Universidad de Costa Rica, para el financiamiento del convenio no fue recortada en la discusión del presupuesto de la República del 2021”.
Ante esto, Montero cuestionó que “en nombre de los cientos de personas que eran usuarias de estos consultorios ¿cuáles son las verdaderas razones por las que la defensora, ha decidido terminar dicho convenio? Donde más de 600 asesorías y 200 procesos judiciales quedan ahora en el limbo”.
De igual forma la legisladora sostuvo que “nos enteramos también, por medio del presidente del Colegio de Abogadas y Abogados, Álvaro Sánchez, en declaraciones a la prensa, que desde hace dos meses la Defensoría y el Colegio vienen negociando un convenio para sustituir el convenio con la Universidad de Costa Rica”.
“Según las declaraciones de don Álvaro el convenio negociado entre la Defensoría y el Colegio significará una atención de las personas usuarias de sólo 8 horas a la semana, está en comparación con las 48 horas de asesoría que venía dando el consultorio jurídico de la Universidad de Costa Rica en la Defensoría. Esto significa una clarísima disminución de las horas de atención en consecuencia una desmejora en este trascendental servicio principalmente para personas en situación de vulnerabilidad social”, lamentó.
Para Montero, “más preocupante aún, no está claro si el convenio con el Colegio de Abogados y Abogadas, contempla sólo brindar asesorías y no llevar los procesos judiciales que requieren también las personas de los consultorios, personas usuarias de los consultorios, no podemos olvidar que hablamos de personas que no cuentan con los recursos económicos, para pagar los servicios de un abogado o de una abogada”.
Ante esto, la parlamentaria hizo hincapié en que “sin este servicio, las posibilidades de litigar, sus derechos se ve inaceptable y gravísimamente limitada”.
“El acceso a la justicia señora defensora no puede ponerse en pausa ni tampoco abro comillas “esperar a ver qué pasa el próximo año” como usted lamentablemente declaró”, manifestó la diputada.
Aunado a ello, Montero destacó que “no se puede olvidar, que estamos hablando de litigios y asesorías de toda clase, dónde están en juego los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, sin olvidar que esté consultorio incluía además servicios psicológicos, fundamental en la atención y orientación de situaciones de violencia”.
“Quiero aprovechar este espacio, para hacerle públicamente una propuesta al Directorio Legislativo, y más bien señor presidente lanzarles un reto, la Asamblea Legislativa, no puede ser indiferente a esta situación como diputados y diputadas de la República representantes elegidos democráticamente no podemos ignorar está gravísima situación a la que se exponen a estas personas usuarias, de este consultorio que se está cerrando que se está poniendo en pausa según la señora defensora, es por eso que si la defensora de los Habitantes no recapacita en su decisión de cerrar ese consultorio y el convenio con la Universidad de Costa Rica, le propongo al directorio legislativo hacer un recorte a la partida de alimentos y bebidas de esta Asamblea Legislativa, o del gasto de combustible de las y los diputados y ofrecerle a la Universidad de Costa Rica, instalar este consultorio en la Asamblea Legislativa, y garantizar así la continuidad de este servicio trascendental para las personas más vulnerables”, agregó.
“Usted señor presidente, se pondría una flor en el ojal en su período si realmente pudiésemos instalar aquí ese consultorio jurídico en convenio con la Universidad de Costa Rica lanzó este reto porque sería una decisión fundamental que quedaría en la historia de la Asamblea Legislativa”, concluyó, Montero.
