San José, 2 jun (elmundo.cr) – Los diputados Pablo Heriberto Abarca y María Inés Solís presentaron una moción, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, para llamar a comparecer a los representantes de Pfizer.
La moción que fue acompañada con la firma de varios diputados, es para que se llame a audiencia a Bradley Silcox, gerente general de Pfizer Centroamérica y el Caribe y a Roberto Dormond, director de Asuntos Públicos de Pfizer Centroamérica y el Caribe.
Esto para que se refieran a los procedimientos, negociación, clausulas y demás actos que dieron lugar a la subscripción del contrato de fabricación y suministro de la vacuna contra el COVID-19, entre el gobierno y la empresa y la cláusula de confidencialidad contenida en dicho contrato.
El gobierno de Carlos Alvarado firmó un contrato con Pfizer de carácter confidencial para adquirir 3.000.075 dosis contra el Covid-19 por un total de ¢22.178 millones ($36 millones).
Esto a pesar de que dicha firma no contaba con la aprobación para su uso de una agencia técnica estricta como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
Varios diputados han denunciado en los últimos días que los millonarios contratos entre el gobierno y Pfizer podrían tener un interés político.
Esto luego de que trascendiera que la hija del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera (2014 -2018), Beatriz Eugenia Solís Worsfold funge como asesora legal de Pfizer.
Por otro lado, se reveló que Dormond se desempeñó como embajador de Costa Rica en Canadá en la Administración Solís Rivera, y es esposo de Gabriela Carazo Barrantes, hija del actual embajador de Costa Rica en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rodrigo Alberto Carazo Zeledón.
