San José, 5 jul (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes ha venido insistiendo en que el derecho a la salud es incluyente y abarcador, pues todas y todos deben tener a mano las herramientas para alcanzar su mejor estado de salud física, mental y social, sin discriminación de ningún tipo.
Así lo señaló este ente defensor en su informe Anual 2015-2016, y lo reitera en el Informe 2021-2022, presentado ante la Asamblea Legislativa.
“La reciente pandemia generada por el virus del Covid 19, no solo dejó patente la importancia que tiene el acceso a servicios de salud que cumplan con las características de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, sino también las limitaciones que diferentes poblaciones vulnerables entre los habitantes tienen para que se respete su derecho a alcanzar el más alto nivel posible de salud”, sostuvo la Defensoría en su reciente Informe Anual.
Para la Defensoría, si el país quiere continuar avanzando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, debe superar una serie de desafíos relacionados con la salud y el bienestar.
La Defensoría identificó aspectos relacionados con la problemática de las listas de espera en los servicios de Salud de la CCSS, con los servicios de salud para las mujeres, para la población privada de libertad, para la población adulta mayor; y la población LGTBI. Al igual que situaciones relacionadas con el Covid-19 y la vacunación; así como la Salud mental y un ambiente sano y libre de contaminación, entre otros.
Según un análisis regional de las denuncias recibidas en la Defensoría relacionadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°3, “Salud y Bienestar”; la Región Brunca registra un 22% de estas denuncias, la Atlántica un 15%, la Chorotega un 13%, la Norte un 11% y la Pacífico Central un 8%.
Se observa, entonces, que el Derecho a la Salud en las diversas regiones en las cuales se cuenta con Oficina Regional de la Defensoría no es de pleno goce y disfrute de los habitantes; situación que se agrava cuando la mayoría están relacionadas con el derecho a la salud de la población privada de libertad.
“El contar con servicios de salud disponibles, accesibles, aceptables y de calidad son esenciales para garantizar el derecho humano a alcanzar el más alto nivel posible de salud, y combatir la pobreza. Esto a la vez permite a la población contribuir mejor y por más largo tiempo con el bienestar común. Esto necesariamente comprende otros aspectos que determinan la salud como el agua, el medio ambiente sano, sanidad y acceso a información y educación relacionadas con la salud”, reiteró la Defensoría en el Informe Anual 2021-2022.
