San José, 6 nov (elmundo.cr) – Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto “Reforma del artículo 35 de la Ley N°8660, Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008, y el artículo 12, de la Ley N°12, del Instituto Nacional de Seguros, de 30 de octubre de 1924”.
La iniciativa que se encuentra bajo el expediente número 20.909, fue presentada por la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado y tiene como fin conocer la información financiera, ingresos, inversiones y gastos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Delgado señaló que “la administración en general debe estar sometida al control político y público, siendo indispensables mecanismos de rendición de cuentas basados en información confiable y de calidad, con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos y así fortalecer la gestión pública”.
El proyecto establece que, en el caso del ICE, la confidencialidad de la información solamente podrá aplicarse en aquellas actividades o servicios que se desarrollen bajo esquemas de libre competencia.
Mientras que, con el INS, la reforma propone que la confidencialidad de la información no incluya ni comprenda los estados financieros, sus ingresos, la custodia, los procedimientos y actividades administrativas, la inversión, el gasto y su evaluación, el balance de situación, el estado de resultados, sus anexos y, en general, el resto de la información contable, que es de carácter público.
La confidencialidad de la información del ICE será declarada por el Consejo Directivo y en el INS por la Junta Directiva, como órganos máximos de decisión, y deberá contener el fundamento técnico y legal correspondiente, así como el plazo durante el cual la información tendrá dicho carácter.
Las entidades públicas que realicen funciones de control, supervisión, vigilancia o fiscalización, y órganos jurisdiccionales tendrán acceso a información confidencial de ambas instituciones, sin embargo, deberán resguardar la confidencialidad e integridad de la información frente a aquellos terceros no autorizados expresamente por ley.
