Sindicatos anuncian huelga indefinida por proyecto que pone orden en pluses salariales

Pese a que el proyecto de Ley no tendría efecto en los salarios de los actuales trabajadores públicos, sino solo los nuevos, los sindicatos se preparan para la huelga indefinida.

San José, 11 ene (elmundo.cr) – El grupo de sindicatos agrupados en el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricenses (BUSSCO) anunció este miércoles que se irán a huelga a partir del mes de febrero, en represalia por la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso del proyecto de Ley para ordenar los pluses salariales del sector público

Se trata del proyecto 19.506 iniciativa de la diputada Sandra Piszk del Partido Liberación Nacional (PLN), y el cual tiene la guerra declarada por parte de los sindicatos, pese a que no afecta los derechos adquiridos de los actuales funcionarios.

El Gobierno había anunciado a los grupos sindicales BUSSCO, Patria Justa y Centrales Sindicales que convocaría la iniciativa una vez el Congreso regresara de sus vacaciones de fin e inicio de año, hecho que ocurrió este lunes.

El representante de ANDE ante BUSSCO, Gilberto Cascante, dijo en conferencia de prensa que la única forma de que el movimiento se retire es si la iniciativa de Ley es retirada del Congreso.

“Estamos en conversaciones de que si tenemos que llegar a las consecuencias de que no abra el curso lectivo así lo hará el sector magisterial. Es casi que posible que el curso se esté cerrando, los padres tienen que prepararse y comprar útiles, pero queremos que sean conscientes de que estamos luchando por derechos de los trabajadores”, declaró el sindicalista.

Al movimiento se uniría la Unión Médica Nacional. De acuerdo con Edwin Solano, secretario de esa organización, el sindicato prevé paralizar todos los servicios de salud de Costa Rica, pese a que las huelgas en estos servicios están prohibidas.

“Los asegurados deben entender que hemos negociado hasta el cansancio para no llegar a una situación de confrontación social, sin embargo nos están obligando a eso”, dijo Solano.

 

La iniciativa de Ley trae una serie de reformas entre las que se encuentra solamente reconocer el pago de anualidad a aquellos funcionarios que reciban una calificación de “muy buenos” y “excelentes”, a la vez que unificaría los porcentajes que se pagan.

Los primeros recibirían entre 1,45% y 1,92% de anualidad, mientras que los segundos entre 1,94% y 2,56%. Aquellos funcionarios que obtengan una calificación de “buenos” o inferior, no gozarían de la anualidad.

Como segunda reforma, el proyecto obligaría a las instituciones públicas a demostrar la necesidad de pagar el plus de exclusividad a un funcionario, de modo que ese beneficio, que implica entre un 20% y 55% más al salario base, dejaría de pagársele a la gran mayoría y estaría sujeto a un contrato con fecha de caducidad.

En el caso del plus de prohibición, el proyecto de la liberacionista dicta que el mismo no se le pagará a aquellos funcionarios que no profesionales. Si es bachiller universitario el plus bajaría del 25% actual a 20%, mientras que los licenciados o trabajadores con grado académico superior recibirían un 60% adicional a su salario base.

Por otra parte, el plus de disponibilidad que en la actualidad va de entre 5% al 50% adicional al salario base, pasaría a tener un tope del 35% del salario base y al igual que con la prohibición, requerirá que exista un contrato con vigencia establecida para el pago del mismo, no pudiéndose considerar “derecho adquirido”.

Otra reforma es al plus de carrera profesional, pagado como reconocimiento a logros académicos de los funcionarios. El proyecto estipula que el plus solamente se le pagará a aquellos trabajadores que laboren como mínimo medio tiempo y tengan bachiller universitario.

Asimismo, delega en la Dirección General del Servicio Civil y la Contraloría General de la República la responsabilidad de fijar el pago por concepto de este plus, que en la actualidad es de 1932 colones por cada punto subido en la categoría de carrera profesional.

En el caso de la cesantía, la iniciativa dicta que solamente se pagarán ocho años de cesantía a los nuevos empleados públicos, mientras que a los actuales se les topará en 20 años.

Finalmente y en materia de convenciones colectivas, el proyecto dicta que las mismas solamente tendrán una vigencia de cinco años, eliminando la prórroga automática que existe en la actualidad en caso de que ninguna de las partes pida renegociar.

 

 

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