El pasado miércoles dictaminamos por unanimidad en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, el Expediente Legislativo 19.841 “Ley de reconocimiento de los Derechos a la Identidad de Género e Igualdad ante la Ley”, iniciativa de la cual soy firmante junto con otros 15 diputados y diputadas de tres fracciones políticas: Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Frente Amplio.

El proyecto legislativo tiene como principal objetivo eliminar la incongruencia en el documento de identidad mediante la promulgación de una ley de identidad de género, que armonice los conceptos de sexo, género, identidad de género y transexualidad en concordancia con la doctrina de los derechos humanos.

Además y como se manifiesta en la Exposición de Motivos del proyecto, la identidad de género, entendida por la sicología como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, es una circunstancia personal que puede corresponder o no con el sexo asignado conforme al criterio habitual de la simple apreciación visual de los órganos genitales externos presentes en el momento del nacimiento. De hecho, la existencia de personas que presentan una disonancia estable y permanente entre el sexo con el que nacen y la identidad de género sentida, es decir, la existencia de personas transexuales-, es una realidad social presente desde los tiempos históricos más antiguos, como han puesto de manifiesto tanto la sociología como la antropología.

Razón por la cual, es nuestro deber como diputados y diputadas de la República, legislar para evitar que la imposibilidad de rectificación registral de la identidad y nombres autopercibidos continúen dificultando la participación social de las personas transgénero, quienes son sujetas a discriminación en los servicios de atención pública, en la posibilidad de participación política activa y pasiva, y de acceso a cargos públicos, lo que impone limitaciones al ejercicio pleno de la ciudadanía en igualdad de derechos con el resto de la población.

Preocupa pero no sorprende, eso sí, la reacción violenta y desproporcionada de ciertos actores políticos y religiosos que se niegan a reconocer esta realidad. Lo cierto es que en la práctica la discriminación y la violencia se hacen presentes cuando se discute por las legítimas pretensiones de reconocer derechos a estas personas, no por su pertenencia a un grupo en específico, sino por tratarse de seres humanos como usted y como yo.

Recordemos que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró en la Sentencia para el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile de 2012 (la cual es vinculante para Costa Rica como Estado Parte del organismo), la obligación de los Estados de respetar y garantizar “sin discriminación alguna” el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana.  Así, la Corte estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana bajo el término “otra condición social” establecido en el artículo 1.1 de la Convención. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.

En este sentido, la proscripción de la discriminación por orientación sexual conlleva la obligación de todas las autoridades y funcionarios de garantizar que todas las personas, sin discriminación por su orientación sexual, puedan gozar de todos y cada uno de los derechos establecidos en la Convención. No hacerlo, divide las sociedades entre ciudadanos de primera y segunda categoría.

Incluso, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica en junio del año 2016, sobre “Protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género” que ordena el nombramiento de una persona independiente sobre la temática. Dicha resolución, fue producto de una propuesta realizada por un grupo de siete países de América Latina -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay- y 41 países adicionales que presentaron el texto de manera conjunta.

De tal manera, nos corresponde como sociedad avanzar hacia el reconocimiento de derechos y especialmente a combatir toda forma de violencia y discriminación. Porque a estas personas que todos los días sienten las diferencias que la sociedad hace con ellas negándoles legítimos derechos, igual se les exigen los mismos deberes ciudadanos, aumentando la brecha en el acceso a oportunidades de crecimiento personal y deteriorando su calidad de vida con diferencias odiosas que no hacen más que clasificar a ciudadanos de un mismo país por categorías según su condición particular o colectiva.

Por lo tanto, nos corresponde armonizar de manera integral las disposiciones que nos brindan los distintos instrumentos de derecho internacional público de los derechos humanos en procura de instrumentalizar la lucha contra todo tipo de discriminación en defensa de seres humanos, que merecen ser respetados por su fundamental condición de tratarse de seres humanos.

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