Es curioso que en Costa Rica, un país donde somos bombardeados por noticias constantes que sugieren la presencia de un sistema penal débil, escuálido y permisivo, nos enfrentemos a un problema de hacinamiento carcelario nefasto y a un uso indiscriminado de la prisión preventiva para sujetar a las personas a los procesos penales.

Las autoridades penitenciarias se enfrentan a esta problemática día con día y correctamente se ha apuntado que en Costa Rica la prisión preventiva se esta convirtiendo en una regla y no en la excepción.

El país esta sobrecargado de personas privadas de libertad sin una sentencia condenatoria en su contra. Los medios de comunicación masiva informan de manera tendenciosa los acontecimientos judiciales que terminan con la fijación de medidas cautelares sustitutivas para sospechosos de cometer un delito que perciben grave (son redactados o presentados de forma tal que producen descontento e indignación), mientras que reportan sin mayor condimento aquellos que acaban con un sospechoso tras las rejas.

Detengámonos a analizar el primero de los escenarios anteriores, ¿Qué significa medidas cautelares sustitutivas?, ¿Qué significa prisión preventiva?, pareciera que en el acontecer noticioso se presenta el primer concepto como una reprimenda suave para ciertos crímenes, mientras que el segundo es una retribución rápida de la justicia penal hacia delincuente por su fechoría. En la realidad de nuestro entorno jurídico esos términos no tienen ese significado que ha pretendido atribuírseles.

El periodismo tendencioso ha desinformado en forma sistemática a la población presentando a las medidas cautelares como la prisión preventiva y a las medidas sustitutivas, como un castigo anticipado por el delito. De conformidad con esta línea periodística la primera alternativa es drástica pero justa mientras la otra es indulgente y desinteresada por la justicia.

Las medidas cautelares son el mecanismo procesal previsto por la doctrina jurídica imperante y existentes en nuestra legislación para garantizar los fines del proceso, como lo son la averiguación de la verdad real, la restauración de la armonía social entre las partes y el reestablecimiento de los derechos de la víctima. En ocasiones solo es posible alcanzar dichos fines sujetando a la parte imputada al proceso mediante la aplicación de una medida cautelar, una de las cuales es la prisión preventiva.

Ni la prisión preventiva ni las demás medidas autorizadas en nuestra normativa, se constituyen como un castigo anticipado por cualquier delito investigado en contra de un imputado en una causa penal, sin importar la apreciación acerca de la gravedad de los hechos que se le están atribuyendo. Existen criterios atinentes a la magnitud de los daños causados por un delito que pueden valorarse para la imposición de medidas cautelares, no obstante, ni aún así son una pena anticipada.

Se cuenta con una serie de normas constitucionales y procesales que atañen a la fijación de medidas cautelares como la prisión preventiva, estas se rigen además por principios orientadores, dos de ellos de rango constitucional como la proporcionalidad y la última ratio, siendo este último vulnerado más veces de las que nos gustaría imaginar. Ninguna norma o principio autoriza el uso indiscriminado de la prisión preventiva como tal pero se han ido introduciendo una serie de reformas legales que facilitan su imposición.

A partir del año 2009, con la introducción de los procedimientos expeditos para juzgar delitos cometidos en flagrancia y el artículo 239 bis al Código Procesal Penal, se agravó el problema del hacinamiento carcelario, según datos consultados por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH durante su visita en febrero del 2016. En el año 2009 Costa Rica tenía un diez por ciento de sobrepoblación penitenciaria mientras que ya para enero del 2016 dicha cifra ascendió a cuarenta y cuatro por ciento.

Los datos antes expuestos fueron publicados en el sitio web de la Organización de Estados Americanos, corroborados por la Relatoría antes mencionada con el Ministerio de Justicia y Paz costarricense y en números concretos, se indicó que para el mes de enero de 2016 en el país habían 2530 personas se encontraban detenidas en centros penitenciarios guardando prisión preventiva y que estos representaban un dieciocho por ciento de la población penitenciaria total.

Ante este panorama, cabe preguntarse si verdaderamente nuestro sistema punitivo realmente es tan permisivo y tan endeble como se lo presentan a la ciudadanía. Claramente el hacinamiento penitenciario no es un factor que haya venido a disminuir el incremento en el uso de la prisión preventiva para someter a las personas investigadas a sus respectivos procesos, por el contrario, parece ser un aspecto conocido cuya responsabilidad se le atribuye exclusivamente a la administración penitenciaria y la pobreza de su infraestructura.

Se extrae de la simple lectura de la información recabada por la Relatoría que los jueces estan aplicando la prisión preventiva porque el marco normativo así lo permite; las normas vigentes son promulgadas por el legislador como resorte exclusivo de su competencia y sobre la base de un acuerdo político para tales efectos. Entonces, tanto el órgano legislativo como los operadores jurídicos de nuestro país son parte de una estructura estatal que favorece el uso de la prisión preventiva.

En Costa Rica cualquier persona investigada por delitos sancionados con pena de prisión puede ser sometida a la prisión preventiva, la necesidad y la proporcionalidad de esta, es un tema de legalidad que corresponde determinar a los jueces y bajo esa tesitura, los delitos del “Tico de a pie” como la conducción de vehículos bajo la influencia del licor, los derivados de la violencia doméstica y la tenencia de armas de fuego sin los permisos respectivos, puede poner en un aprieto inclusive a quienes crean pertenecer al sector más honrado de la población.

¿Es tan difícil herir o matar a otra persona conduciendo en nuestros caminos?, una parte mística de la legislación penal es que esta no esta tan lejos de las personas “honestas” como aveces llegan a convencerse algunas personas. Cabe preguntarse si los proponentes de la cárcel cuasi-automática para los delincuentes hablarían con ese mismo tono en caso de encontrarse cara a cara frente a la justicia penal por un accidente desafortunado.

Los discursos políticos populistas, avivados por el fuego de la cobertura mediática irresponsable, nos recetan la pomada canaria de la prisión preventiva para todos los delincuentes, la fijación de penas cada vez más altas para los delitos que tocan nervios sensibles de la sociedad y nos inculcan el repudio por las conquistas logradas con la consagración de los derechos humanos en instrumentos del derecho internacional, aduciendo que favorecen únicamente a los delincuentes mas no al ciudadano común.

Lo que las noticias no le dicen a la población es que ya existen en la normativa procesal penal sendos preceptos que autorizan la aplicación de la prisión preventiva, valorando cuestiones tan subjetivas como la posibilidad de que la persona reitere sus conductas delictivas en caso ser puesto en libertad. Lo anterior a pesar de que dicha facultad valorativa del juez, difícil o imposiblemente pueda sustentarse en forma objetiva ¿Quién conoce el futuro?

Se nos repite de manera subliminal, aunque aveces descaradamente, que las condiciones carcelarias indignas en que viven las personas privadas de libertad son intrascendentales para la ciudadanía en general, ello bajo la falsa premisa de que estas son connaturales a las penas de prisión. Se ponen sobre la mesa cuestiones superadas como los trabajos forzados y las condiciones extremas para los reos, sugiriendo que son la única forma de enderezar sus estilos de vida desviados (siguiendo casi al pie de la letra los postulados de la teoría del etiquetamiento) y se nos inculca la renuncia cultural a la resocialización del delincuente y a su reinserción.

Frente a este flagelo ideológico, una forma viable de combatir las ideas contrarias a los valores democráticos como la libertad, es con la construcción de plataformas de educación cívica que enseñen a los jóvenes, incluso a los niños, que cualquier medida tendiente a limitar a libertad de las personas es excepcional conforme a nuestra Constitución Política y a nuestra idiosincracia, de esta forma estarán preparados para enfrentarse de manera crítica a los discursos que empujan en sentido contrario.

Por otro lado, si Costa Rica como sociedad opta por instituir y avalar un marco normativo contrario a los valores de la libertad, la solidaridad y la mínima injerencia sobre los derechos fundamentales, entonces la involución nos puede llevar por sendas terribles que creíamos ya superadas.

No esta de más recordar que la justicia, como las serpientes, muerde más a menudo los pies descalzos.

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