Presidencia convoca proyecto sobre empleo público a sesiones extraordinarias del Congreso

Este proyecto tiene la guerra declarada por parte de los sindicatos, pues pone en orden los pluses salariales del sector público.

San José, 9 ene (elmundo.cr) – El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís y su Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas convocaron la tarde de este lunes a la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley de reforma a los pluses salariales de los trabajadores del sector público.

Se trata del proyecto 19.506 iniciativa de la diputada Sandra Piszk del Partido Liberación Nacional (PLN), y el cual tiene la guerra declarada por parte de los sindicatos, pese a que no afecta los derechos adquiridos de los actuales funcionarios.

El Gobierno había anunciado a los grupos sindicales BUSSCO, Patria Justa y Centrales Sindicales que convocaría la iniciativa una vez el Congreso regresara de sus vacaciones de fin e inicio de año, hecho que ocurrió este lunes.

“El contacto con el sector sindical es vital para mantener la paz social, por lo que para el Ejecutivo es prioritario este tipo de encuentros que permitan informar a todos los sectores del panorama financiero que enfrenta el país y las reformas legales que se requieren para salvaguardar las finanzas públicas”, dijo días atrás en un comunicado el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.

La iniciativa trae una serie de reformas entre las que se encuentra solamente reconocer el pago de anualidad a aquellos funcionarios que reciban una calificación de “muy buenos” y “excelentes”, a la vez que unificaría los porcentajes que se pagan.

Los primeros recibirían entre 1,45% y 1,92% de anualidad, mientras que los segundos entre 1,94% y 2,56%. Aquellos funcionarios que obtengan una calificación de “buenos” o inferior, no gozarían de la anualidad.

Como segunda reforma, el proyecto obligaría a las instituciones públicas a demostrar la necesidad de pagar el plus de exclusividad a un funcionario, de modo que ese beneficio, que implica entre un 20% y 55% más al salario base, dejaría de pagársele a la gran mayoría y estaría sujeto a un contrato con fecha de caducidad.

En el caso del plus de prohibición, el proyecto de la liberacionista dicta que el mismo no se le pagará a aquellos funcionarios que no profesionales. Si es bachiller universitario el plus bajaría del 25% actual a 20%, mientras que los licenciados o trabajadores con grado académico superior recibirían un 60% adicional a su salario base.

Por otra parte, el plus de disponibilidad que en la actualidad va de entre 5% al 50% adicional al salario base, pasaría a tener un tope del 35% del salario base y al igual que con la prohibición, requerirá que exista un contrato con vigencia establecida para el pago del mismo, no pudiéndose considerar “derecho adquirido”.

Otra reforma es al plus de carrera profesional, pagado como reconocimiento a logros académicos de los funcionarios. El proyecto estipula que el plus solamente se le pagará a aquellos trabajadores que laboren como mínimo medio tiempo y tengan bachiller universitario.

Asimismo, delega en la Dirección General del Servicio Civil y la Contraloría General de la República la responsabilidad de fijar el pago por concepto de este plus, que en la actualidad es de 1932 colones por cada punto subido en la categoría de carrera profesional.

En el caso de la cesantía, la iniciativa dicta que solamente se pagarán ocho años de cesantía a los nuevos empleados públicos, mientras que a los actuales se les topará en 20 años.

Finalmente y en materia de convenciones colectivas, el proyecto dicta que las mismas solamente tendrán una vigencia de cinco años, eliminando la prórroga automática que existe en la actualidad en caso de que ninguna de las partes pida renegociar.

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