Por Sociedad Interamericana de Prensa
Este período quedará como uno de los más negros en la historia del periodismo costarricense, en especial, por el nefasto intento, a inicios de año, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) de la administración del presidente Luis Guillermo Solís, que promovía una nueva Ley de Radio y Televisión, plagada de iniciativas atentatorias tanto contra la empresa privada y la libertad de prensa.
El Ministerio distribuyó un “documento base para la discusión”, que provocó la reacción adversa de los medios de comunicación y una reunión entre el presidente Solís y autoridades de la SIP. El proyecto pretendía darle atribuciones al Ministerio para fiscalizar y regular el otorgamiento de frecuencias; que se considerara acaparamiento que una empresa poseyera un 30 % de frecuencias de televisión y un 20 % de las de radio; regular el contenido –incluido el de la publicidad– por vía reglamentaria, con la excusa de combatir actividades como la pornografía y le otorgaba al Poder Ejecutivo la capacidad, a su criterio, de asignar un 30 % de las frecuencias de radio a entes regionales y comunales.
Finalmente, el Gobierno desistió del proyecto. La titular del Ministerio y el funcionario redactor fueron destituidos y el presidente Solís aseguró que cualquier otra iniciativa respetaría los compromisos sobre libertad de prensa.
Sin embargo, el Gobierno tiene listos otros tres proyectos que podrían incluir algunas de las medidas incluidas en el proyecto desistido.
Uno busca despenalizar las tareas de los periodistas, dejando la posibilidad de la demanda civil, hasta por sumas millonarias que ya son permitidas en la legislación vigente.
Otro pretende legalizar la existencia de las emisoras de radio comunitarias, muchas de las cuales, por experiencia conocida en otros países, tienen como propósito fomentar proyectos políticos oficialistas.
Un tercer proyecto pretende regular la propaganda oficial, pero con el riesgo de que sea distribuida no sobre bases técnicas, sino políticas, favoreciéndose a medios estatales o afines al gobierno de turno.
Preocupa la tendencia del Gobierno nacional a ejercer control o negar la entrega de información pública. La Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social se vio obligado a entregar información sobre salarios en el sector público después de que lo solicitó el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, basado en una resolución de la Sala Constitucional de marzo del año 2014, que determinó que el salario de los funcionarios es información pública.
La situación causó revuelo entre los sindicatos del sector público, pretexto que utilizó la Caja para negar mayor información al diputado.
La Sala Constitucional acogió recursos del Diario Extra y del diputado del Partido de Liberación Nacional, Rolando González, que obligaron a la Casa Presidencial entregar información que había negado antes bajo razones de secreto de Estado, sobre visitas de personas no identificadas a esa institución.
La prensa presentó un amparo ante la Sala Constitucional contra una decisión del Directorio Legislativo, que, desde fines de 2014, obligaba a los medios a canalizar toda la información del Congreso a través de esa dependencia. El tribunal Constitucional obligó al Legislativo a desechar esa medida.
En este período se observaron varias agresiones contra periodistas. El 8 desetiembre, Fabio Chávez, presidente del Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), amenazó a los medios durante una conferencia de prensa en la que la organización Patria Justa anunció una huelga general para octubre.
Algunas actitudes del ministro de Información, Mauricio Herrera, han sido consideradas intimidatorias, intrusivas y obstaculizadoras a la labor de la prensa. El 24 de setiembre el Diario Extra resumió así esas actitudes: “No dar la palabra a reporteros en conferencias de prensa; negar entrevistas; interrumpir y limitar consultas consideradas incómodas; numerosas llamadas a periodistas y directores de medios por parte del Ministro y la Jefa de Prensa, Stephanie González, pretendiendo cambiar títulos, contenidos o hasta acusando a los reporteros cuando las informaciones desfavorecen al Gobierno”.
El funcionario excusó su comportamiento con el argumento de que su intención no era otra que “aclarar datos”. Sus modos generaron repudio de directores de medios y un encendido debate en la Asamblea Legislativa, a la que se presentó con la intención de rendir cuentas. Los diputados decidieron recibirlo en la Comisión de Derechos Humanos, a la que pueden acudir los periodistas.
