El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, insistió en decir hasta la saciedad en la Comisión de Control de Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que no hubo un error, ni una pifia, en el diseño de la conexión entre la Ruta 32 y la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

Lo dijo frente al asombro que sosteníamos los diputados y ante la mirada serena de la Contralora General de la República que aseguró lo contrario, que sí hubo error.

Ahí el Ministro justificó que se tuvo que sacar a concurso el contrato, con un desfase de 80 metros, porque el Conavi no tramitó los estudios de impacto ambiental para el sitio exacto de la conexión.

Más recientemente, conocimos que una empresa participante en la licitación fue descalificada porque planteó en su propuesta la conexión por el sitio correcto donde debía hacerse. La descalificaron a pesar de ser la que presentó la oferta económica más baja para la obra.

Ese error que el Ministro Villalta se niega a reconocer, le costará al Estado $14 millones. Pero nadie, absolutamente nadie da la cara por ese dinero. A nadie señala el Gobierno como responsable.

Hasta el Presidente defiende al ministro Carlos Villalta, y dice que él ha dado explicaciones públicamente y que esas explicaciones incluyen las razones para las decisiones que se tomaron.

Cuando lo que se va a pagar de más se calcula en cuántas viviendas de interés social se podrían construir, o cuántas escuelas o aulas que se quedan sin edificar, se da uno cuenta de que hay errores graves, en los que debería señalarse al responsable.

Por eso es que firmé junto con diputados de otros cuatro partidos políticos una carta al Presidente de la República en la que expresamos que el Ministro del MOPT debe renunciar al cargo, por consignar datos falsos en el contrato para la construcción de la ruta de acceso a la Terminal de Contenedores de Moín, por la negligencia y por la impericia que todo esto significa.

Pero no sólo eso. Personalmente he insistido en que en este tipo de casos, donde se encuentra la mínima duda de que los recursos públicos están mal utilizados, el Ministerio Público debe intervenir y hacer una investigación para hallar a los responsables.

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