EDITORIAL.

No cabe duda que la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga Aponte intentó por todos los medios defender sus privilegios ilegales y cual “gata panza arriba” lanzó sus garras contra los que le hicieron ver lo inmoral del dinero recibido.

“La información errónea califica falsamente como “ilegal” algo que está apegado a derecho. Al periodista se le explicó, por escrito y por teléfono, la normativa vigente pero no lo consignó correctamente en su escrito”, alegaba Zuñiga en su primer descargo en redes sociales, después de la investigación del periodista, Luis Manuel Madrigal de El Mundo.

La bachiller en Derecho intentó dar lecciones jurídicas para justificar su pago, lecciones que dejaron en evidencia sus carencias académicas y muestran la importancia de concluir satisfactoriamente todos los requerimientos universitarios antes de llegar a la función pública.

Zuñiga agregó en una de sus publicaciones: “A raíz del cuestionamiento que hace hoy un sitio web, quisiera aclarar los fundamentos jurídicos por los cuales el pago que se me hace como Bachiller en Derecho y egresada de la Licenciatura de Derecho está en regla. Esta normativa establece, principalmente, que: a) las personas egresadas de la carrera de Derecho pueden percibir el pago de prohibición, aunque no estén colegiadas y b) las personas con cargo de viceministro son sujetas al pago del plus por concepto de prohibición”.

Esa argumentación acomodada para tratar de salvar los 30 millones recibidos de manera ilegal, quedó despedazada ayer tras conocerse el criterio de la Procuraduría General de la República.

Lo más curioso de este caso es que la viceministra, teniendo principios básicos de Derecho Administrativo, quisiera hacer ver que su pago era legal, buscara excusas y rebuscara normas para justificar lo injustificable. Era simple, no se le puede pagar prohibición para que no ejerciera algo que por una carencia académica aún no puede ejercer. Si no tiene el grado de Licenciatura en Derecho, no puede ejercer.

“Para tener derecho a la compensación económica derivada de esa prohibición −que consiste en un 65% calculado sobre el salario base− es indispensable ocupar uno de los puestos afectados por la restricción, ostentar una profesión liberal, y estar en posibilidad efectiva de ejercerla, lo que implica estar incorporado al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que así se requiera para el ejercicio liberal de la profesión”, dice claramente el pronunciamiento del Abogado del Estado.

Zúñiga mostró en todo momento una actitud prepotente ante los cuestionamientos. Así lo hizo en sus intervenciones ante la prensa y en la Comisión del Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso.

Este Gobierno, que sigue manteniendo el discurso de la trasparencia y la ética, no puede darse el lujo de mantener en su puesto a esta funcionaria, que en vez de aceptar con humildad un “error” intentó por todos los medios demostrar como legal y procedente algo que a todas luces no lo era.

Uno de los compromisos contra la corrupción plasmados por Luis Guillermo Solís en su plan de Gobierno decía: “Promover un cambio en la designación de puestos públicos de manera que estos sean ocupados bajo criterios de idoneidad y probidad, y fomentar el óptimo desempeño de los funcionarios públicos”. En este caso, es claro que la funcionaria en cuestión no cumplía con “los criterios de idoneidad”, ya que además de que no había terminado sus estudios, su actitud en este asunto denota serias carencias en la probidad, y sus argumentos para defender sus privilegios no es lo que se espera en un “optimo desempeño de los funcionarios públicos”.

Si existe coherencia entre el discurso y la práctica, el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera debe destituir, sin más demora, a la viceministra Zuñiga Aponte y exigir que el dinero percibido de manera ilegal, sea devuelto de inmediato.

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