La Asamblea Legislativa se encuentra tramitando en la Comisión Plena I,  el Proyecto de Ley número 17.561, denominado “Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.”

Desde 1995, con la Ley No. 7531, se da un cambio de la Legislación de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, cuando se introduce, entre otros acuerdos, el Régimen de Capitalización Colectiva a efecto de que en forma independiente y con un aporte tripartito, se logre el financiamiento sano y sostenible del Régimen Magisterial en cuanto a sus pensiones se refiere.

Sin embargo, con este proyecto de ley, se malograron los esfuerzos realizados el año anterior con la aprobación de 4 notables leyes relacionadas con pensiones: 9380, 9381, 9381 y 9381. Es muy lamentable, que al igual que en el pasado, es esta Asamblea Legislativa la que vuelve por situaciones superadas, generando opciones para grupos de pensionados que desde hace años han consolidado sus beneficios conforme a derecho. Hoy, después que los mismos se trasladaron formal y personalmente al Régimen del IVM, podrían volver al Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, tanto a cargo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) como del Presupuesto Nacional. No solo se pretende ese retorno de una cantidad aún no definida de pensionados (entre 3191 y 6000 personas), sino especialmente retomar los beneficios que tiene la legislación pensionaria vigente para los educadores costarricenses, que es muy superior a la que concede el régimen general del IVM.

No es un afán cualquiera, es continuar extrayendo del erario nacional los beneficios que un régimen especial otorga a estos extrabajadores de la educación. Bien entiendo sus esfuerzos en una de las más nobles y trascendentales funciones como lo es la formación de las nuevas generaciones. Sin embargo, de la misma manera, este traslado será costeado por todos los costarricenses, sea a través del Presupuesto de la República o a través de las cuotas de los asegurados del Fondo del IVM con aportes sustanciales. Estudios confiables, así como la misma información remitida por las entidades e instituciones vinculadas directamente en el tema, e incluso el mismo Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, anuncian sumas de 52.000 millones de colones para el Fondo del IVM y sumas superiores a los 200.000 millones para el Presupuesto Nacional, durante los años que se deba asumir los beneficios para los pensionados trasladados.

¿Cómo pretender beneficios tan calificados y específicos para grupos de pensionados a cargo, de una u otra forma, de todos los costarricenses? La ley solo advierte el pago de las diferencias de cotización por parte del trabajador, pero los impactos en los demás aportes, y en lo que significa tener que asumir el pago de beneficios más altos, debemos de asumirlos, al final, todos nosotros.

¿Será que aún no tenemos conciencia de lo que significa el pago de los beneficios jubilatorios, con relación a los aportes y la edad de las personas, así como de la odiosa desigualdad que generan tan diferentes regímenes pensionarios? Todos deberíamos pensionarnos con un régimen único de la Caja del Seguro social.

Espero que la Asamblea Legislativa tenga los arrestos necesarios para rectificar sobre sus mismos actos, para bien de todos los ciudadanos.

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