San José, 8 ene (elmundo.cr) – El edificio conocido como “Castillo Azul” y actual sede del Directorio Legislativo de la Asamblea, recibió la declaratoria como Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica.
Mediante el decreto N° 39301-C, este edificio se integra a un conjunto de edificaciones que cumplen con las condiciones que les garantiza la protección de la Ley Nº 7555 (Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, de 1995), junto con la Asamblea Legislativa, la Casa Rosada, el Antiguo Colegio de Sión y el Antiguo Cuartel Bellavista.
William Monge, director del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, señaló que “en la singularidad de este conjunto patrimonial, que en algún momento se le conoció como el Centro Cívico de la ciudad, se albergó la antigua Casa Presidencial donde hoy día funciona el Tribunal Supremo de Elecciones, hilvanando el espacio urbano a la sede de la Asamblea Legislativa, donde inicia un bulevar que conecta con el Poder Judicial, siendo el Castillo Azul uno de los puntos focales que destacan en el paisaje urbano histórico de San José”.
El Castillo Azul es considerado fiel representante de la arquitectura victoriana y neoclásica, que también es reflejo del poder económico y político de la élite cafetalera a principios del siglo XX, es una de las primeras del país que se levantó en concreto armado, según datos del Centro de Patrimonio.
El estudio hecho por el Centro de Patrimonio determinó, su valor simbólico e histórico. El Castillo Azul fue alquilado para ser Casa Presidencial de Alfredo González Flores, entre 1914 y 1917; del gobierno de facto de Federico Tinoco (1917-1919) y de su sucesor: Francisco Aguilar Barquero (1919-1920); período convulso en la disputa del poder político costarricense.
“La antigüedad de la vivienda la sitúa, precisamente, como una de las más antiguas del distrito Carmen de la ciudad de San José y con un alto grado de autenticidad. Constituyéndose en un ejemplo de la arquitectura victoriana capitalina digno de preservar. Dentro de este valor cabe también señalar que por su importancia simbólica generada a lo largo del uso que ha tenido, se ha producido en la ciudadanía el reconocimiento de que la vivienda es la sede de uno de los poderes constitucionales del país; por tanto, es claramente reconocible e identificable en el marco de las otras edificaciones patrimoniales que se encuentran en su alrededor”, determinó el estudio para la declaratoria como Patrimonio Histórico Arquitectónico.
La investigación del Centro de Patrimonio, determinó que el Castillo Azul fue construido en 1908 para ser la casa de habitación del cafetalero Máximo Fernández Alvarado, quien además fue un prominente político de la época. Fernández eligió edificar su residencia en el sitio más elevado de la Cuesta de Moras, lugar de privilegio dentro del paisaje urbano josefino.
“En 1908 encargó a la Casa Hennebique de París los planos constructivos, lo cual demuestra el poder económico de Máximo Fernández, el refinado gusto por dotarse de una vivienda que siguiera las últimas tendencias de la moda y que su diseño contemplase los detalles más importantes de lujo, acabados y confort”, indica el estudio técnico del Centro de Patrimonio que justifica la declaratoria del inmueble.
En 1923, el gobierno de los Estados Unidos de América adquirió la vivienda por la suma de $30 mil dólares. La Legación Estadounidense (sede diplomática) se instaló allí por 31 años, hasta que el 24 de diciembre de 1954 la vendieron por $75 mil dólares, al doctor Carlos Manuel Gutiérrez Cañas.
Según el estudio, Gutiérrez invirtió casi $1 millón de dólares en restaurarla, según su diseño original y fue quien gestionó en 1976 la declaratoria de Patrimonio Histórico-Arquitectónico para el inmueble, ante las pretensiones de los diputados de la época por expropiar la vivienda y proceder a demolerla para ampliar la sede legislativa. La declaratoria se dio, sin embargo, el decreto venció a los dos años y la edificación quedó sin amparo a ninguna ley por varios años.
En 1989 la Asamblea Legislativa la adquirió finalmente por un monto cercano a los ¢87 millones de colones, pero ésta vez para destinarla a la sede del Directorio Legislativo e integrarla a las edificaciones del Primer Poder de la República.
En 2012 el Castillo Azul fue de nuevo intervenido, con presupuesto de la Asamblea Legislativa y bajo la supervisión del Centro de Patrimonio. La inversión fue de ¢260 millones de colones, con el fin de realizar un reforzamiento estructural y conservar de la mejor manera sus características fundamentales y originales. Según el Centro de Patrimonio, en ese momento se cambió por completo la cubierta y se hizo un reforzamiento estructural en las paredes y los pisos.
Es en agosto de 2013 que se presentó una nueva solicitud de declaratoria, la cual finalmente se dio en diciembre de 2015, mes en que el decreto se publicó en el Diario Oficial La Gaceta.
