ICE arremete contra la Contraloría por informe que señala deficiencias en proceso de adquisiciones

El ICE acusa a la CGR de darle órdenes que suponen un entrabamiento a la institución y además, ponerla en desventaja ante la competencia.

San José, 17 feb (elmundo.cr) – El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la emprendió en un comunicado de prensa contra la Contraloría General de la República (CGR), luego de que esta emitiera un informe de auditoría efectuado al proceso de adquisiciones de la empresa estatal en el periodo 2014-2015.

Dicho informe se encuentra recurrido por el ICE, quien presentó un recurso de revocatoria y apelación en subsidio, alegando que la Contraloría le giró disposiciones que desconocen el ordenamiento jurídico de la entidad, al imponer obligaciones adicionales de las que el ICE habría quedado exonerado por la Ley 8660 y su reglamento, en el cual se declaró en competencia.

Asimismo, el ICE afirma que la Contraloría desconoce que las contrataciones de escasa cuantía son concursadas públicamente en el ICE y que los auditores las confundieron con las contrataciones directas de excepción.

Pero ¿qué encontró la Contraloría? De acuerdo con el informe impugnado, en poder de EL MUNDO, a partir del análisis e integración de información de la plataforma Mer-link y otras bases de datos públicas, se identificaron debilidades en las fases de planificación de los procesos de contratación, el procedimiento de contratación y la contractual.

El informe dice que la Auditoría determinó que en la fase de planificación de cada procedimiento de contratación revisado al ICE, no se evidenció la vinculación de la contratación con el proceso de planificación institucional.

Sede de la Contraloría General de la República.

Asimismo se determinó la ausencia de la definición de los márgenes de precios ruinosos o excesivos, la definición de los procedimientos de control y seguimiento de los procesos en la decisión inicial de las contrataciones directas, un cronograma de tareas en los procedimientos ordinarios y contrataciones directas, así como la definición de responsables de la ejecución contractual de las contrataciones directas.

Por otra parte, en la fase del procedimiento de contratación, la Contraloría afirma haber encontrado vulnerabilidad ante la falta de verificación de causales de prohibición y eventuales conflictos de interés en las declaraciones juradas presentadas por los oferentes.

Finalmente, en la fase de gestión contractual se determinó la falta de cobro de multas por atrasos en la entrega de algunos bienes y servicios, la falta de evaluación de los procedimientos de contratación administrativa, la ausencia de la incorporación de las actas de recepción provisional y definitiva en los expedientes físicos de las licitaciones públicas internacionales, la falta de foliatura en algunos de los expedientes físicos y la ausencia de facturas en el expediente administrativo de la Proveeduría.

MOLESTIA. “Son totalmente inaceptables las disposiciones y recomendaciones que ordena la Contraloría, por cuanto en los procedimientos de contratación el ICE ha sido respetuoso de la normativa. No resulta admisible que la Contraloría pretenda establecer obligaciones adicionales que el ordenamiento no indica”, dice el recurso de revocatoria presentado por la Institución.

Mediante un comunicado, el ICE afirmó que esa auditoría no señala ninguna violación a la normativa vigente y tampoco encuentra ninguna irregularidad, aunque en la parte dispositiva le impone una serie de condicionamientos adicionales “que atentan contra la eficiencia en la gestión de los procedimientos”.

Luis Acuña, director de la Proveeduría Institucional del ICE afirmó que la Contraloría indicó que el 94% de los procedimientos en el periodo estudiado se realizaron por contratación directa, lo cual no es preciso.

“Omite señalar que el 89% corresponden a contrataciones de escasa cuantía, y todas fueron publicadas, participativas y de libre concurrencia”, afirmó.

Acuña manifestó que el ICE va más allá de lo que la normativa establece de invitar solo a tres potenciales oferentes. “La participación es abierta, con lo cual concursan un promedio de 5 y hasta 29 oferentes, dando oportunidad a todas las PYMES para que sean parte del proceso. De hecho, el 80% de todos los adjudicados en este tipo de procedimientos de escasa cuantía son empresas pequeñas y medianas”, subrayó.

El informe de la Contraloría además determinó que en el año 2012 se adjudicaron 59 contrataciones a personas que tienen algún vínculo familiar con funcionarios o exfuncionarios del ICE.

Sin embargo, la empresa estatal sostiene que la Auditoría no encontró que ninguno hubiera estado sujeto al régimen de prohibiciones en contratación administrativa.

Pese a ello, la Contraloría ordenó al ICE verificar los alcances de las declaraciones juradas de cada oferta y descartar la existencia de conflicto de interés, algo que el ICE considera que la llevará  a un entrabamiento absurdo.

“Esta disposición va en contra del principio de buena fe que es fundamental para los procedimientos de contratación y deja en clara desventaja al ICE frente a la competencia, alargando innecesariamente los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios”, comentó Acuña.

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