Si hay algo que no merecen el millón trescientos mil costarricenses que salieron a votar por un cambio en la forma de hacer política, es que se les engañe diciendo, que  “este gobierno ha asumido desde el día uno, el compromiso ineludible de transparentar su actuación y de administrar los asuntos públicos con absoluta honestidad”.  Nada más alejado de la verdad y nada más fácil de comprobar.

No lo merecen ni ellos ni el país entero,  porque si hay algo peligroso y arriesgado en estos tiempos de tentación populista, son los cantos de sirena de quienes ofrecen cambio sin tener clara la ruta, de quienes desconocen lo bueno de tiempos pasados y de quienes generalizan la corrupción como si esta fuese asunto de partidos políticos y no de personas concretas.

Este país salió a votar por un cambio. No en los programas de educación, ni en los proyectos de infraestructura, ni en la política social que nunca fueron temas de la campaña electoral.  Este país salió en busca de la ética en la función pública y quienes adversamos el triunfo del Gobierno PAC, fuimos sus primeros aliados en reconocer que eran tiempos de rectificación y sobre todo de acabar con los odiosos privilegios del pasado.  Las actas legislativas no dejan espacio a la  mentira.

No obstante, las promesas de gobernar con honestidad o sea sin mentiras,  comenzaron a esfumarse rápidamente.

Habla el Gobierno de transparencia y de honestidad. Lo que no dice es que la consigna de no brindar información pública se convirtió en una política de gobierno y que como nunca antes visto, la Sala Constitucional acogió entre mayo 2014 y mayo 2016 más de un centenar de Recursos de Amparo por su negativa a responder a las legítimas demandas de la prensa, de los diputados o de la población en general.

Hablan de transparencia pero se les olvida que, de no ser por la alerta temprana de la prensa y de varios diputados, el Gobierno pretendió pasar un proyecto de Ley General de Radiodifusión que contenía serias limitaciones a la libertad de expresión, e incluso  la amenaza  de cerrar medios de comunicación y retirar frecuencias de radio y televisión a empresas que publicaran dos noticias calificadas como falsas por una comisión nombrada a dedo  por el gobierno.

Dice la Casa Presidencial que el rubro por pauta publicitaria de la Administración Solís es mucho menos al de los dos Gobiernos anteriores.   Lo que no dice es que las  instituciones autónomas se han convertido en la caja chica de estas campañas. Que, en 2017 Acueductos y Alcantarillados aumentó su partida de propaganda en 233%, que RECOPE aumentó un 30%, el INVU en 43%, el IAFA 187%, SUTEL en 133% y lo peor de todo, que el IMAS aumentó su partida en 159% que repito, no son para información sino para propaganda pura y dura, aunque su Presidente Ejecutivo diga que está informando a la población.  Lo que no dice, por supuesto,  es que  la partida para información también aumentó en un 169%.

Esta propaganda ha sido tan hábil, que hasta pretenden cambiar el lenguaje. Hoy la corrupción, se llama error, la estafa se llama equivocación y al mal uso de los recursos públicos se le llama pifia.

Y si de falta de transparencia se trata, veamos el lamentable ejemplo del  Sistema Unificado de Compras Públicas del Estado, una de las fuentes más reconocidas de corrupción.  Sin razones fundamentadas y a contrapelo de lo que señalaban los mejores expertos en la materia, incluyendo a la primera Ministra de Ciencia y Tecnología que cayó rápidamente por sostener su posición, este Gobierno anuló el Decreto emitido por la Administración Chinchilla para utilizar una plataforma única que permitiera transparentar de forma tecnológica las relaciones entre compradores y vendedores de bienes o servicios públicos.  El Gobierno, sin embargo, hizo caso omiso de todas las advertencias de la Contraloría y no fue sino hasta que la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley de transparencia en las contrataciones, que el asunto comenzó a marchar.

Pese a ello y sin explicación alguna, el Gobierno continúa veladamente rechazando el Sistema Unificado de Compras Públicas, dejando portillos para que algunas instituciones puedan seguir haciendo las compras a lápiz y papel.  Solo por citar un ejemplo, la Contraloría informó en diciembre pasado que la CCSS carece de estudios para prevenir el pago de sobreprecios y advirtió que la dicha institución invirtió 225 mil millones de colones en compras directas o licitaciones abreviadas en solo dos años.

¿Casualidad? ¿Transparencia? Hoy, al estar operando innecesariamente dos sistemas, una empresa privada percibe alrededor de 2 millones de dólares al año por este servicio,  mientras la otra, implementada durante la Administración Chinchilla y operada por una institución pública cobra alrededor de 570 mil dólares anuales.

Sin ahondar demasiado en otros casos, me permito citar las palabras del señor Presidente cuando nos dice “y cuando han surgido dudas acerca de la probidad con que se tomaron determinadas decisiones, se ha actuado con prontitud y eficacia”.

¿Puede el Gobierno decirnos si ya sentó responsabilidades por la pérdida de 639 millones de colones por el fiasco del FIA 2015?

¿Puede el Gobierno decirnos si ha tomado acciones por la pérdida de los 7.900 millones de colones de la supuesta pifia en el megapuerto de Moín?  ¿Puede decirnos si el Ministro de Transportes quien prosiguió con la obra ignorando las advertencias sobre el trazado de la ruta  va a ser sancionado o destituido? y ¿podrá decirnos el señor Presidente  si permanecerán en sus puestos los Ministros de Ambiente  y  Presidencia que sabiendo de la situación fueron cómplices silenciosos del engaño al mismo Estado?

¿Podrá explicarnos por qué durante tanto tiempo ignoró los dictámenes clarísimos de la Procuraduría y la Contraloría en el caso de las Viceministras?

Sin embargo, hay un caso de particular interés que pone sobre la balanza la pretendida transparencia de este Gobierno.  Se trata de la premura con que se firmó la famosa Directriz 002-Presidencia,  que derogó uno de los más valientes y consecuentes actos de la Administración Chinchilla,  el cual prohibía la conciliación tributaria con  grandes evasores fiscales ya acusados penalmente, eliminando además niveles de discrecionalidad y eventual favorecimiento a importantes evasores que en ese momento tenían casos pendientes y abriendo la posibilidad de que otros se vieran beneficiados.

Y todo ello, desde el día uno…

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