Los tiempos difíciles, ameritan decisiones valientes. El país se encuentra ante una coyuntura compleja, entre otros ámbitos, en el tema de empleo público. En nuestro caso, el principal problema es el costo del Estado; al existir mecanismos automáticos que incrementen las remuneraciones, más allá del salario base, sin control alguno de las autoridades, afectan de una manera relevante el tamaño del déficit fiscal.

Históricamente la participación relativa de las remuneraciones dentro del gasto del Sector Público ha ido en incremento;  en el 2007 representó un 22.2% del gasto total, y en el 2013 tal gasto se elevó a un 26% para en el 2016, representar un 30.6% del mismo, de acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda.

En nuestro país, operan distintos mecanismos por parte de las diferentes Administraciones Públicas, para realizar los cálculos salariales, por lo que un funcionario en el mismo puesto, y con las mismas calificaciones, ganaría distinto, de acuerdo a la Administración que lo contrate. Sucede de la misma manera, que un mismo puesto puede tener una remuneración diferente dentro de la misma institución, como consecuencia del pago de anualidades a los funcionarios. La existencia de los pluses y las anualidades ha generado una serie de inequidades en las instituciones públicas, por lo que en es importante poner el tema de empleo público una vez más en la mesa, y proponer, con la intención de que se tomen decisiones, en aras de ofrecer una Costa Rica más justa y eficiente.

Nuestra Constitución Política, en el artículo 57, señala que el salario será igual para trabajo igual, en idénticas condiciones de eficiencia. No condiciona el salario, a condiciones de antigüedad, sino de eficiencia, por lo que debemos reflexionar sobre la constitucionalidad de las distinciones salariales de los servidores públicos,  utilizando el elemento  de antigüedad  como punto determinante.  En relación con la desigualdad salarial en el sector público, a pesar del panorama han existido instituciones que han visto las bondades de un sistema de salario único, el cual podría establecerse como obligatorio para toda la Administración Pública, en aras de tutelar principios de igualdad y adecuado uso de los recursos públicos.

Entre las instituciones que han promovido el establecimiento del Salario Global de manera exitosa, al notar el desequilibrio que reflejan las instituciones en la Administración generado por el régimen señalado anteriormente, se encuentran el Banco Central de Costa Rica y la Contraloría General de la República.

Esta modalidad de remuneración es favorable en el tanto se determina un monto salarial fijo por puesto, el cual debe incorporar todas las condiciones de antigüedad, posición profesional, o cualquier otro elemento que diferencie los puestos con semejante dificultad o responsabilidad.

Este esquema garantiza una igualdad salarial, al eliminar los componentes variables del salario, por lo que se obtiene simultáneamente un equilibrio en las condiciones salariales, al amparo de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Por último, y no menos importante es necesario darle a una institución pública la rectoría en el tema de empleo público, para toda la Administración Pública, que defina la política salarial, así como que tenga la competencia para controlar los aumentos salariales en el sector descentralizado, lo que podría implicar una eventual reforma al Régimen del Servicio Civil, establecido constitucionalmente.

Temas como los anteriores, necesitan ser acuerpados por decisiones contundentes, las cuales podrían ejecutarse de una manera más expedita, a través de una reforma constitucional, pero es necesario que toda la ciudadanía y los servidores públicos, busquen la igualdad así como el adecuado uso de los recursos, sin demeritar el necesario grado de profesionalización de los servidores públicos, así como el derecho a un salario justo.

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