San José, 24 jul (elmundo.cr) – Los costarricenses terminaríamos pagando los daños ambientales ocasionados por la empresa Infinito Gold en Cutris de San Carlos, por la fallida mina Crucitas, en caso de que la empresa se declare oficialmente en bancarrota.
Así lo confirmó el diputado y abogado ambientalista, Edgardo Araya Sibaja quien comentó en entrevista con este medio que la situación actual le parece sospechosa, pues falta exactamente un mes para dar la sentencia sobre el monto de los daños ambientales que deberá pagar Infinito Gold por la fallida mina.
De acuerdo con Araya Sibaja, desde el momento en que surgió la noticia de que la empresa estaba próxima a la quiebra solicitaron públicamente al Gobierno que plantearan ante el CIADI que era hora de archivar la causa. “No pasó nada, el gobierno no reaccionó y ahora nos sorprende que sea hoy la empresa la que pida la suspensión”, dijo.
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Para el legislador, todo lo ocurrido en las últimas semanas le parece sospechoso. “¿La suspensión va a durar cuánto? Si no va a seguir operando, quiere decir que ya no tiene capacidad para sostener ese tipo de procesos, por lo que le Gobierno debería estar planteando al CIADI que se archive la causa”, explicó Araya Sibaja.
A su vez, el abogado que lideró la causa ante el Tribunal Contencioso Administrativo que se trajo abajo la consesión minera advirtió que la sentencia sobre los daños ambientales rondaría entre los 6 y 10 millones de dólares, monto que los costarricenses terminaríamos pagando de nuestro bolsillo en caso de que la empresa informe que no tiene manera de cancelar esa suma de dinero, debido a que la sentencia estipulaba que debía pagar la empresa y el Estado, de manera solidaria.
“Estamos otra vez ante una empresa extranjera que hace un arreglo con algún grupito de la clase política nacional, obtiene permisos cuestionables y cuando se le complican las cosas, deja todo y ahora le toca al pueblo pagar”, criticó el legislador, quien aprovechó además para cuestionar que desde el año 2010 se está tratando de determinar el costo del daño ambiental, debido a que la empresa y la misma Procuradoría General de la República emplearon tácticas dilatorias en el proceso.
“Lo grave es que la empresa ya no tiene nada. Le pedimos al Tribunal que anotara los bienes de la empresa para evitar que se deshiciera de ellos pero no nos hicieron caso. Infinito no tiene nada, va a ser condenada a pagar equis cantidad de millones pero no va a ver por donde cobrarle, salvo los 600.000 dólares que hay en SETENA”, explicó.
Para Araya Sibaja, Costa Rica nunca debió ir al arbitraje internacional en el Banco Mundial, pues existe jurisprudencia inclusive de la Sala Constitucional que dicta que los arbitrajes internacionales no tienen carácter obligatorio. “El Estado debió haber dicho que eso era un tema resuelto a nivel interno y que no tenía nada que ir a hacer a un arbitraje”, concluyó.
