San José. 26 ene. (elmundo.cr) – Esta mañana durante una conferencia de prensa, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, aseguró estar en contra de que la empresa de servicio público, Uber, establezca un centro de operaciones en el país; sin embargo, dejó claro que “es legal”.
“Yo quisiera decir que la operación es ilegal, pero el centro de operaciones legal, evidentemente hay una contradicción”, señaló Solís.
De acuerdo con el mandatario, es legal, siempre y cuando los servicios que se brinden sea para Latinomérica y no para Costa Rica. Esto recordando que Uber labora de forma ilegal en el país.
“El Gobierno ha sido claro que Uber es un servicio que se brinda de forma ilegal, hasta que la Asamblea Legislativa cambie ese status”, agregó el mandatario.
Por su parte, el MOPT, mediante un comunicado oficial, señaló que cualquier actividad conexa que facilite la operación de Uber, aunque técnicamente pueda ser legal, será exhaustivamente investigada,” para impedir que se apoye el funcionamiento de un negocio que es ilegal a la luz de las leyes vigentes en el país”.
De igual forma recuerdó que la Policía de Tránsito tiene instrucciones para efectuar el parte correspondiente cuando detecte vehículos ofreciendo servicios de transporte público de manera ilegal.
Esto esto, luego de que Uber comunicara esta mañana que en los próximos días abrirá, en Costa Rica, su primer Centro de Excelencia en América Latina, el cual busca generar más de 300 empleos para finales de año.
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Recuento
Gilbert Ureña, presidente del Foro Nacional de Taxistas dijo que amparados en que el criterio del Consejo de Transporte Público (CTP) ya declaró a Uber como ilegal y agrega que se debe presentar una demanda contra la empresa.
Por su parte, Jerarcas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones han dicho que aplicar un bloqueo a Uber sería imposible, además de que no es su competencia.
Colombia es uno de los países que está contemplando aplicar un bloqueo a la aplicación de Uber. El Gobierno de ese país con ayuda de empresas tecnológicas está desarrollando una manera de aplicar restricciones a la operación de la empresa en el país y ya emitieron un decreto para sancionar a quienes participen en dicha actividad.
