Comisión del Congreso pide destitución de viceministra de Presidencia por cobro ilegal de prohibición

Ana Gabriel Zuñiga Aponte, viceministra de la Presidencia. Foto: Luis Madrigal / El Mundo CR

San José, 20 abr (elmundo.cr) – Todos los diputados que conforman la Comisión del Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa suscribieron un informe, donde piden la destitución de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga Aponte, por haber percibido más de 30 millones de colones ilegalmente, por concepto de compensación salarial por prohibición.

Se trata del informe final que la Comisión del Congreso emite, luego de la investigación abierta por los resultados del reportaje especial publicado por EL MUNDO el año anterior, donde se destapó la irregularidad en el pago de ese rubro a la jerarca de Presidencia.

Ayer la Procuraduría General de la República confirmó que no se le puede pagar prohibición a una viceministra que sea egresada de la licenciatura en Derecho, pues no cumple con los requisitos establecidos.

La investigación de EL MUNDO encontró que Ana Gabriel Zuñiga, siendo viceministra, percibía la compensación de prohibición de ejercer su profesión liberal, la cual implicaba un 65% adicional a su salario base. Sin embargo, la jerarca no era licenciada en Derecho, pues no ha defendido su tesis y tampoco estaba incorporada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Esos dos requisitos son obligatorios para ejercer la abogacía en Costa Rica, por lo que era ilegal pagarle a la jerarca por no ejercer su profesión, pues de todos modos no podía hacerlo, al no ser licenciada ni estar colegiada.

Zuñiga Aponte defendió a capa y espada su pago de prohibición. Inclusive, el día en que EL MUNDO publico los resultados de su investigación, lanzó ataques hacia el medio, demeritando los hallazgos y usando información jurídica incorrecta para intentar hacer ver bien, algo que no lo era.

Los diputados señalaron en su informe la actitud tomada por la jerarca ante los medios y los diputados, el día en que fue llamada a cuentas en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, calificada como “altanera y soberbia”.

“Su actitud (la de Ana Gabriel) ante medios de prensa y ante los propios Diputados de esta Comisión fue altanera y soberbia, demostrando su incapacidad de reconocer el error en que estaba envuelta y defendiendo, a capa y espada, el pago recibido. Su forma de proceder pareciera revelar que se encuentra más preocupada por preservar su patrimonio que en demostrar transparencia y probidad en beneficio de la Hacienda Pública”, dice el informe.

Mario Redondo, Presidente de la Comisión del Control de Ingreso y Gasto Publico dijo que quedó totalmente acreditado que el pago de prohibición a Zuñiga fue totalmente irregular.

La única norma que correspondía aplicar era la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y en Casa Presidencial mezclaron junto a esa Ley, la Ley de compensación por pago de prohibición.

RECOMENDACIONES. La Comisión recomendó al Pleno del Congreso impulsar la pronta discusión y análisis de dos proyectos de Ley, creados a raíz de los hallazgos de las investigaciones periodísticas, con el fin de regular mejor el pago de prohibición.

Se trata de los proyectos 20.342 del diputado Mario Redondo Poveda, cuyo objetivo es ordenar el régimen jurídico que regula el pago de prohibición y establecer los requisitos bajo los cuales se reconocerá el emolumento y el expediente 20.349 de la diputada Sandra Piszk Feinzilber, que busca regular las remuneraciones adicionales al salario base a que tienen derecho los trabajadores del sector público, como compensación por la prohibición para ejercer su profesión o profesiones de manera liberal.

Todos los diputados de la Comisión acordaron además hacer un fuerte llamado de atención al Poder Ejecutivo, pues ni el Presidente de la República ni el Ministro de la Presidencia actuaron diligentemente para corregir el problema de los pagos indebidos a viceministros, pese a que dicha Comisión rindió un informe sobre ese particular, desde abril del 2016, luego de que se detectara el primer caso de este tipo, correspondiente a la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz.

En las recomendaciones enviadas al Presidente de la República, los congresistas piden cesar en forma inmediata a Ana Gabriel Zúñiga Aponte de su puesto como viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, así como ordenarle la devolución de todos los recursos percibidos de forma irregular por concepto de prohibición y abstenerse de nombrarla en cualquier otro cargo público por el resto del periodo presidencial.

Adicionalmente, pidieron al Mandatario remover de su cargo en la Junta Directiva del BANHVI a Ana Cristina Trejos Murillo, exviceministra de Vivienda y que también cobró ilegalmente el plus salarial de prohibición, por carecer de idoneidad para el desempeño de sus funciones, al no tener experiencia en banca o finanzas. Dicha recomendación no la suscribió el Diputado Redondo Poveda, alegando que no le parece justo que se castigue de igual forma a una funcionaria que sí reconoció haber percibido ilegalmente la prohibición, y que además ya devolvió los recursos.

Sobre el caso de Trejos Murillo, los congresistas solicitaron al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, informarles sobre el resultado del procedimiento administrativo abierto contra Giovanny Villalobos Leitón, jefe del Departamento de Recursos Humanos del MIVAH y quien fue el que aprobó la prohibición a la ahora directiva del BANHVI.

Finalmente y en ese mismo sentido, el Ministerio de la Presidencia deberá informar a los diputados y a la Contraloría sobre el resultado de los procedimientos administrativos abiertos contra Angélica Vega Hernández, Directora de la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos, Ligia María Vargas Ramírez, Subdirectora de la Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos y Mireya Chavarría Quesada, Directora General, todas del Ministerio de la Presidencia, por autorizar el pago de prohibición a la viceministra Ana Gabriel Zúñiga Aponte sin verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.

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